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Miércoles, 2 de Julio 2014


Patronales y sindicatos presentan el primer informe del Observatorio de la Dependencia de España



Las organizaciones firmantes del VI Convenio de la Dependencia, tanto sindicales (FCS y FSP de CCOO y FSP-UGT) como empresariales (FED, LARES y AESTE), han presentado esta mañana, en la sede de la CEOE en Madrid, el primer informe del Observatorio de la Dependencia de España, un organismo creado para analizar de forma rigurosa y sistemática el desarrollo e implantación de la Ley de Dependencia en nuestro país con el objetivo de dar respuestas a los problemas con los que se encuentra en la actualidad.
 
En este primer informe, se ha presentado una detallada radiografía del estado actual del sistema de atención a la dependencia, atendiendo a cuestiones como el número de solicitudes, valoraciones y beneficiarios, el desarrollo normativo de la Ley, tanto a nivel estatal como autonómico, los problemas de financiación con los que se encuentra actualmente el sistema y la delicada situación por la que atraviesa el sector.  
 
Según las organizaciones firmantes, el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) protege de manera efectiva a más de 736.777 personas en nuestro país y da empleo a más de 180.000 trabajadores. El rápido envejecimiento de la población española, unido al descenso de nacimientos, origina necesidades asistenciales que deben ser cubiertas por los servicios sociales y sanitarios.
 
No en vano, tal y como ponen de relieve las organizaciones sindicales y empresariales del sector, España será uno de los países que más se va a ver afectado en relación al aumento del gasto público por el envejecimiento poblacional. En concreto, este desfase subirá nueve puntos del Producto Interior Bruto (PIB) en 2060, casi el doble que la media comunitaria (4,6 puntos), situándose España en el grupo de mayor riesgo de los tres que contempla Bruselas, junto a Luxemburgo, Grecia, Eslovenia, Chipre, Malta, Rumanía o Irlanda.
 
La presentación de este primer informe del Observatorio se suma a los informes del Tribunal de Cuentas que consideran necesario reorientar una ley de servicios profesionales, avanzar en la reglamentación pendiente, clarificar su financiación, garantizar su cohesión territorial y poner en marcha criterios sanitarios y sociales que doten de eficacia y eficiencia al sistema y permitan atender a un número de dependientes muy superior al previsto inicialmente.

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