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Martes, 28 de Febrero 2012


Las organizaciones de mayores alertan sobre el aumento de la discriminación por edad en el ámbito laboral



Las organizaciones de mayores alertan sobre el aumento de la discriminación por edad en el ámbito laboral
Continuando con la campaña de sensibilización ‘Doce causas para 2012’, la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España (UDP), en colaboración con el Imserso, ha dedicado el mes de febrero a la discriminación por edad, bajo el lema ‘Por una sociedad para todas las edades’.
 
Según el informe ‘Discriminación en la Unión Europea en 2009’, la percepción de los europeos de que la discriminación por edad constituye una práctica extendida en su país se ha incrementado en 16 puntos en un solo año, pasando del 42% de 2008 al 58% de 2009, por detrás del origen étnico (61%) y por delante de la discapacidad (53%).
 
En esta misma encuesta, para la ciudadanía española la discriminación por edad ocupa el segundo lugar (61%), después del origen étnico (66%) y antes de la discapacidad (56%). Asimismo, el 48% de los europeos y el 43% de los españoles consideran que la edad puede ser una desventaja a la hora de conseguir un trabajo, los mismos porcentajes que se otorgan al aspecto, la forma de vestir o de presentarse.
 
En el Eurobarómetro sobre Envejecimiento activo publicado en enero, se refleja que el 15% de los españoles y del conjunto de los europeos han sido testigos de casos de discriminación por edad y el 6% ha sido víctima de discriminación a causa de su edad en el lugar de trabajo o cuando buscaba trabajo.
 
Por otra parte, el informe de 2011 titulado ‘Mercado de trabajo de los mayores de 45 años’ apunta que el 36,84% de las personas en situación de desempleo tienen entre 55 y 59 años y el 39,70% de los mayores de 59 años son parados de muy larga duración, es decir, llevan más de dos años sin empleo.
 
Teniendo en cuenta estos datos, las asociaciones de mayores instan a Naciones Unidas a elaborar una Convención Internacional de los Derechos de las Personas de Edad, tal y como se recoge en la Declaración de Brasilia (diciembre 2007) y solicitan a las Administraciones Públicas el diseño de políticas de envejecimiento desde el prisma de los derechos humanos, no desde la cobertura de los servicios básicos.
 
Igualmente, piden que se persiga legalmente cualquier tipo de discriminación por razón de edad, poniendo especial atención al ámbito laboral.

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