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Miércoles, 3 de Junio 2015


Hace dos años que me he jubilado, mi mujer es ama de casa y por circunstancias de la vida no hemos podido atender a los últimos pagos de la hipoteca. Ahora estamos pendientes de un procedimiento judicial. Me gustaría saber si dada nuestra situación t


Sergio (Sevilla)


Como consecuencia del drama social que ha supuesto para nuestra sociedad los efectos de la crisis, en especial, las ejecuciones hipotecarias, cuya consecuencia inmediata era tanto el desahucio de las personas ejecutadas como la subsistencia de una deuda que afectaba a la familia desahuciada de por vida, los afectados comenzaron a reclamar que se contemplase la denominada dación en pago.
La dación en pago es un acuerdo entre el banco y el deudor para saldar la deuda creada por el préstamo hipotecario, de esta manera se entrega al banco la casa y el banco la acepta dando por liquidada la deuda por completo, sin otros pagos de intereses ni cantidades pendientes. 
Desgraciadamente, la dación en pago no es aceptada de manera generalizada por todas las entidades bancarias y hemos de tener en cuenta que, tanto con carácter previo como durante el proceso judicial, se puede negociar con la entidad que acepten la dación en pago, más si la entidad bancaria forma parte de las entidades que han suscrito el acuerdo de aceptarla.
Gracias al Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, relativo al mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social, que nace para liberar al deudor de la deuda que pudiera quedarle pendiente tras haber liquidado todo su patrimonio, se han modificado determinados aspectos dentro de las medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, en especial el requisito relativo al conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar, que no ha de superar el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) para poder estar incluido en el umbral de exclusión, se especifica que se considerará el IPREM anual de 14 pagas y no 12. Se añade como supuesto de  circunstancia familiar de especial vulnerabilidad a los mayores de 60 años y se modifican los precios de adquisición máximos de los inmuebles hipotecados que posibilitan la aplicación del Código de Buenas Prácticas.
Es importante tener en cuenta también que la suspensión del lanzamiento derivado de un proceso, ya sea judicial o extrajudicial, respecto de aquellas personas que se encuentren en los supuestos de especial vulnerabilidad y en las circunstancias económicas previstas en el artículo 1 de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, que finalizaba el 15 de mayo de este año, se ha prorrogado hasta el 15 de mayo de 2017.

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