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Lunes, 1 de Octubre 2018


El defensor del pueblo insta a abordar el problema de la soledad no deseada



En el Día Internacional de las Personas Mayores, que se celebra el 1 de octubre, el defensor del pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, insta a los poderes públicos a abordar el problema de la soledad no deseada en la que viven miles de personas mayores en España.

En su opinión, es urgente abrir un debate político y social en torno a esta situación, impulsar políticas de prevención y concienciar a la sociedad, que muchas veces se encuentra ajena a este drama.

Para el defensor del pueblo, una de las primeras tareas a realizar pasa por hacer una radiografía precisa del alcance de este problema, que algunas fuentes sitúan en el millón y medio de personas afectadas.

Fernández Marugán insiste en que “un Estado social como el nuestro no puede ignorar a un colectivo tan sensible como este y tiene que dar una respuesta adecuada a los retos que plantea una sociedad cada vez más envejecida”.

En esta línea, la institución considera necesario revisar las pautas de actuación en la atención social para ofrecer las ayudas que precisan las personas mayores y sus familias e intentar un modelo en el que las personas mayores puedan permanecer el mayor tiempo posible en su entorno.

Derechos de las personas mayores
En los últimos años se ha producido un repunte de quejas al defensor del pueblo relacionadas con los mayores y el envejecimiento. Muchas de estas quejas tienen que ver con la aplicación de la Ley de Dependencia, la calidad de la atención residencial que reciben o el copago farmacéutico.

“Nuestro objetivo es que las Administraciones pongan todos los medios a su alcance para que los servicios a los mayores se presten en condiciones respetuosas con la dignidad básica de toda persona y con sus derechos fundamentales”, destaca el defensor del pueblo.

Por ello, muchas de las actuaciones de la institución se relacionan con cuestiones muy relevantes para los derechos fundamentales de las personas mayores, como son el ingreso involuntario de personas con deterioro cognitivo o psíquico, las restricciones a la libertad de movimientos, el uso de sujeciones y cuestiones relativas a la intimidad de los residentes en centros de personas mayores.

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