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Viernes, 13 de Abril 2012


El Consejo Territorial de Dependencia tendrá en junio una evaluación de la Ley y propuestas de mejora


La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, presidió ayer la reunión del Consejo Territorial del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia, a la que asistieron los consejeros de servicios sociales de las comunidades autónomas. La financiación y viabilidad económica del Sistema de Dependencia, la evaluación de la Ley para la introducción de mejoras y el Acuerdo por los Servicios Sociales y la Dependencia, uno de uno de los pilares del futuro Pacto por la Sanidad y los Servicios Sociales, fueron los principales puntos que se abordaron.


El Consejo Territorial de Dependencia tendrá en junio una evaluación de la Ley y propuestas de mejora
El Consejo Territorial de Dependencia tendrá en junio una evaluación de la Ley y propuestas de mejora
Al término de la reunión, la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, anunció que el Ministerio ha alcanzado un acuerdo con las comunidades autónomas para revisar distintos aspectos de la Ley de Dependencia, con el fin de garantizar el acceso y la prestación de unos servicios de calidad, en igualdad de condiciones en todas las comunidades autónomas, y la sostenibilidad financiera del Sistema de Dependencia. El acuerdo “permitirá que los servicios sociales y la dependencia se centren en la atención que precisan los ciudadanos”, aseguró Mato. A su juicio, es el momento de recuperar los principios de la Ley.

La viabilidad económica del Sistema de Dependencia y su financiación siguen protagonizando discrepancias entre Ministerio y algunas comunidades autónomas. Si bien la ministra Mato reconoció que se ha eliminado el nivel acordado, lo que supone un recorte de 283 millones de euros, “el presupuesto asignado a la financiación del Sistema de Dependencia, al que se dedicarán 1.407 millones de euros, aumenta un 18,7% el nivel mínimo para la Dependencia, que está dotado con 203 millones de euros más. De este modo, se convierte en la partida más importante del Departamento, pues supone el 60,9% de su presupuesto total. En relación a 2011, se produce un aumento porcentual, pues el año pasado la atención a la dependencia supuso el 56% del presupuesto total”. Mato también recordó que el aplazamiento de la incorporación de los dependientes moderados, contribuirá a mantener el nivel de calidad en la atención a la dependencia.

Sin embargo, comunidades autónomas como Andalucía o Cataluña reclamaron medidas urgentes para compensar lo que consideran una merma presupuestaria. “Andalucía dejará de percibir este año 70,7 millones de euros que le corresponderían debido a la eliminación de la financiación del nivel que premiaba a las comunidades más comprometidas con la implantación del sistema, y que en total suponía un desembolso de 283 millones de euros para todas ellas”, señaló la consejera para la Igualdad y Bienestar Social en funciones, Micaela Navarro.

En cuanto a la evaluación de los cinco primeros años de aplicación de la Ley, Mato insistió en que será determinante para modificar criterios necesarios para que sea sostenible. Según la ministra, los primeros datos obtenidos indican que las mejoras son necesarias porque:
  • La Ley se ha convertido en un laberinto normativo.
  • Se ha abusado de la fórmula que la Ley contemplaba como excepcional (prestaciones para cuidadores familiares).
  • La Ley no ha contribuido a generar empleo. “Sólo el año pasado, se perdieron 8.304 empleos en el sector”, afirmó Mato.
  • No se garantiza la calidad de la atención, pues las prestaciones económicas no aseguran las condiciones más adecuadas a las necesidades de los dependientes, ni la formación básica de sus cuidadores.
  • Se han construido 17 sistemas distintos de atención a la dependencia, con desigualdades en prestaciones, aportación del usuario y tramitación de solicitudes.
  • Existe un desfase entre las previsiones en número de dependientes y financiación y la realidad. En 2007 se estimó que, cuando entrara en vigor plenamente la Ley (2015) habría 1.173.000 dependientes. Sin embargo, a día de hoy se ha reconocido el derecho a más de 1.500.000 personas. En cuanto a la financiación, hoy la aportación del Estado supera las previsiones en más de 2.700 millones de euros.
A la vista de estos datos, Mato aseguró que considera necesario adecuar la normativa a la situación de dependencia y establecer criterios comunes en aspectos como el baremo de valoración. También defendió la necesidad de aunar criterios para medir la capacidad económica de los usuarios, así como simplificar y unificar el procedimiento para el reconocimiento del derecho de las personas dependientes a la atención.

Asimismo, la ministra abogó por priorizar las prestaciones a través de la red pública de servicios sociales, “que es la manera de crear empleo”. Así, señaló que es necesario reforzar la relación entre el cuidador familiar y la Administración, con el fin de garantizar la calidad en la atención y la preparación de los cuidadores.

Por otra parte, Mato explicó que se han constituido cuatro grupos de trabajo, integrados por las comunidades autónomas, que analizarán las siguientes materias:
  • Baremo de valoración de la dependencia.
  • Calidad y adecuación de la cartera de servicios y prestaciones a la situación de las personas dependientes.
  • Procedimiento de tramitación para el acceso a las prestaciones.
  • Aspectos económicos de la atención a la dependencia.
En abril se presentarán las primeras propuestas y las conclusiones en mayo. De este modo, el Consejo Territorial debatirá y aprobará, las propuestas en junio.

Finalmente, la ministra calificó de “grandes avances” los acuerdos alcanzados en el Pleno. Mato expresó su intención de avanzar hacia unos servicios sociales que, “bajo los principios de igualdad y calidad en la atención, contribuyan a mejorar su eficiencia y su cohesión social en beneficio de los ciudadanos”.


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