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Consultorio JURÍDICO




EVA SERRANO

Abogada
Escribir

 

Patricia (Cuenca)


Es habitual oír hablar en los medios acerca de las pensiones de alimentos para los hijos, y de la pensión compensatoria a favor del conyugue más desfavorecido. Pero resulta más desconocido el tema de alimentos entre parientes, derecho que se recoge tanto en el Código Civil como en algunas leyes autonómicas y que regula el derecho y la obligación de alimentos entre los parientes.

Tus hijos no sólo tienen un deber moral, sino también un deber legal, de ayudarte con lo necesario para tu subsistencia. Es importante saber que al hablar de alimentos no sólo nos estamos refiriendo a los propios de la comida. Según nuestro Código Civil, el derecho de alimentos comprende todo lo que es indispensable para el mantenimiento, la vivienda, el vestido y la asistencia médica.
Esta solidaridad entre parientes, que moralmente debería darse en casos de necesidad, en ocasiones, ha de ser reclamada vía judicial frente al familiar que cuenta con posibilidades económicas para ello. En caso de precariedad, puedes solicitar asistencia jurídica gratuita en el Colegio de Abogados de tu zona. Ellos te pueden orientar.

Nuestro Código Civil establece que los cónyuges, los descendientes y los ascendientes, e incluso los hermanos, están obligados recíprocamente a prestarse alimentos, teniendo en cuenta que los hermanos sólo tienen la obligación legal de prestar los alimentos indispensables para la subsistencia. 

Así, en primer lugar tenemos que dirigirnos contra el cónyuge, en segundo lugar contra los hijos (en este caso, la cuantía solicitada deberá repartirse entre los mismos acorde a su capacidad económica), en tercer lugar contra los nietos o bisnietos, en cuarto lugar contra los padres en caso de vivir éstos, y finalmente contra los propios hermanos. La cuantía que solicitemos vía judicial debe ser ajustada tanto a las necesidades que uno tiene como a la capacidad que tiene para afrontarla el familiar al cual se la reclamamos. 
La prestación de alimentos entre parientes puede ser económica o atendiendo personalmente al familiar necesitado, ya sea mediante acogida en el domicilio y alimentación del mismo (siempre y cuando no exista una clara incompatibilidad entre el solicitante y el obligado) o asumiendo el coste de una residencia.

María J.


La subrogación en el contrato de arrendamiento de la vivienda que ocupan, a favor de su hija, sólo es posible cuando fallezca el titular del contrato, y cumpliéndose los requisitos que la Ley de Arrendamiento Urbanos establece al respecto.

La Ley de Arrendamientos Urbanos indica qué personas pueden subrogarse al contrato de renta antigua a la muerte del inquilino y, entre las posibilidades que nos da, prevé que los descendientes (hijos) del arrendatario que en el momento de su fallecimiento estuvieran sujetos a su patria potestad o tutela, o hubiesen convivido habitualmente con él durante los dos años precedentes, puedan subrogarse en el contrato.  

Esta convivencia tiene que probarse, siendo la prueba más común la existencia de un certificado de empadronamiento.
En el hipotético caso de que su marido, titular del contrato, falleciera antes, también tiene derecho a subrogarse como cónyuge del arrendatario, pues tiene preferencia frente a su hija. Y en el supuesto de que tuvieran más hijos y quisieran igualmente subrogarse, la ley establece que se resolverá en favor de quien tuviera una minusvalía igual o superior al 65 %; en defecto de esta situación, de quien tuviera mayores cargas familiares y, en última instancia, en favor del hijo de menor edad.

Hay un plazo máximo de tres meses desde la fecha del fallecimiento del titular del contrato de alquiler para notificar al arrendatario el fallecimiento por escrito, acompañado del certificado de defunción. Además, hay que facilitar todos los datos de la persona que se va a subrogar, así como el certificado de empadronamiento que demuestre la convivencia con el fallecido. A falta de esta comunicación, el propietario del inmueble puede solicitar la extinción del contrato.

Elvira (La Rioja)


El derecho de visitas a favor de los abuelos está recogido en el artículo 160.2 del Código Civil, que establece que “no podrán impedirse sin justa causa las relaciones personales del hijo con sus abuelos y otros parientes y allegados. En caso de oposición, el juez, a petición del menor, abuelos, parientes o allegados, resolverá atendidas las circunstancias. Especialmente, deberá asegurar que las medidas que se puedan fijar para favorecer las relaciones entre abuelos y nietos, no faculten la infracción de las resoluciones judiciales que restrinjan o suspendan las relaciones de los menores con alguno de sus progenitores”.

De esta forma, en caso de que no le dejen ver a sus nietos, lo puede solicitar vía judicial, y, en este caso, ha de tener igualmente en cuenta que el tribunal permite denegar las relaciones entre los nietos y sus abuelos, cuando concurra “justa causa”, tema este que es analizado caso por caso. Por ejemplo, si se pone de manifiesto que los abuelos creen animadversión hacia los padres o uno de los progenitores. Ha de tenerse igualmente en cuenta que no es “justa causa” la falta de entendimiento entre los progenitores y los abuelos para impedir que estos se relacionen.

Atendiendo a las circunstancias expuestas, con carácter previo, debería comentar su malestar con su hija y yerno, y sus ganas de ver un poco más a sus nietos, y si no llegan a un acuerdo podría acudir a los tribunales, con el fin de que se establezcan un régimen de visitas a su favor, conforme a las circunstancias actuales.

Sergio (Sevilla)


Como consecuencia del drama social que ha supuesto para nuestra sociedad los efectos de la crisis, en especial, las ejecuciones hipotecarias, cuya consecuencia inmediata era tanto el desahucio de las personas ejecutadas como la subsistencia de una deuda que afectaba a la familia desahuciada de por vida, los afectados comenzaron a reclamar que se contemplase la denominada dación en pago.
La dación en pago es un acuerdo entre el banco y el deudor para saldar la deuda creada por el préstamo hipotecario, de esta manera se entrega al banco la casa y el banco la acepta dando por liquidada la deuda por completo, sin otros pagos de intereses ni cantidades pendientes. 
Desgraciadamente, la dación en pago no es aceptada de manera generalizada por todas las entidades bancarias y hemos de tener en cuenta que, tanto con carácter previo como durante el proceso judicial, se puede negociar con la entidad que acepten la dación en pago, más si la entidad bancaria forma parte de las entidades que han suscrito el acuerdo de aceptarla.
Gracias al Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, relativo al mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social, que nace para liberar al deudor de la deuda que pudiera quedarle pendiente tras haber liquidado todo su patrimonio, se han modificado determinados aspectos dentro de las medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, en especial el requisito relativo al conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar, que no ha de superar el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) para poder estar incluido en el umbral de exclusión, se especifica que se considerará el IPREM anual de 14 pagas y no 12. Se añade como supuesto de  circunstancia familiar de especial vulnerabilidad a los mayores de 60 años y se modifican los precios de adquisición máximos de los inmuebles hipotecados que posibilitan la aplicación del Código de Buenas Prácticas.
Es importante tener en cuenta también que la suspensión del lanzamiento derivado de un proceso, ya sea judicial o extrajudicial, respecto de aquellas personas que se encuentren en los supuestos de especial vulnerabilidad y en las circunstancias económicas previstas en el artículo 1 de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, que finalizaba el 15 de mayo de este año, se ha prorrogado hasta el 15 de mayo de 2017.

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