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Viernes, 3 de Septiembre 2010


¿Con o sin IVA?


Los Gobiernos europeos se proponen reducir el déficit público con severos programas de recortes sociales, reducción del gasto público y subidas de impuestos, principalmente impuestos indirectos, al mismo tiempo que persiguen la difícil tarea de mantener sus economías a salvo de la recesión. Así, Finlandia, República Checa, Estonia, Grecia, Letonia, Lituania, Hungría y Reino Unido han subido el IVA desde el inicio de la crisis en 2008, y Alemania en 2007. En cambio, Portugal e Irlanda han bajado los tipos.


¿Con o sin IVA?
En España, el alza de este tributo se materializó en julio, provocando que sean, una vez más, los colectivos más débiles, aquellos que ganan menos de 30.000 euros anuales –el 88,76 por ciento de los ciudadanos españoles–, los que paguen una buena parte de este incremento.

La subida del IVA supone una medida claramente regresiva, ya que los mileuristas –el 63 por ciento de los asalariados españoles– y los pensionistas serán, una vez más, los grandes perjudicados de una iniciativa que no sólo retraerá el consumo –a menos renta, menos demanda–, sino que propiciará un aumento de la economía sumergida.

Por todos es bien sabido que la evasión fiscal es un fenómeno que se acentúa en épocas de crisis, como lo demuestra el hecho de la aceleración del fraude a partir de 2008, coincidiendo con el inicio de la crisis de la economía española.

Los técnicos de Hacienda observamos con desconcierto que el Gobierno pretenda recaudar 5.150 millones de euros por el aumento del IVA –esta cifra será algo menor si se contabilizan los efectos del plan de ajuste–, en lugar de actuar sobre los ingresos más altos o atajar el fraude en el IVA, que se produce a través de fórmulas tan comunes como ocultar parte de las ventas, escriturar un inmueble a precio inferior al realmente pagado, la emisión de facturas falsas o falseadas, o el uso de gastos particulares para deducir un IVA que no es deducible.

En la actualidad, España es el país europeo que menos IVA recauda, lo cual es indicativo del elevado fraude existente en nuestro país. Hacienda debería ser mucho más ambiciosa y reorientar sus objetivos, desplazando la lupa de la investigación desde los trabajadores y pymes hacia las grandes corporaciones empresariales de nuestro país, en lugar de optar por subir el impuesto.

Todo hace pensar que la recaudación por IVA en este segundo semestre será menor que la previsión gubernamental, debido al anticipo de las compras de bienes duraderos (automóviles y viviendas, principalmente), así como a la contracción del consumo derivada de la pérdida de poder adquisitivo por la subida de precios u otras causas como el desempleo, el recorte salarial de los funcionarios o la congelación de las pensiones. En el largo plazo, es probable que la recaudación aumente gracias a la subida de los tipos cuando se produzca la recuperación económica.

Desterrando falsas creencias
Existe la falsa creencia generalizada de que el desplome de la recaudación por IVA responde a la fuerte caída experimentada por el sector inmobiliario, sin embargo, nada más lejos de la realidad. El parón registrado en el mercado residencial en estos dos últimos años sólo justifica una pérdida de los ingresos por IVA del 10 por ciento, equivalente a unos 2.243 millones de euros.

En 2007, cénit del fenómeno inmobiliario con el mayor número de compraventa de viviendas nuevas de la historia, los ingresos de IVA por estas operaciones ascendieron a 5.219 millones de euros, lo que supuso el 8,3 por ciento del total recaudado por este tributo. Sin embargo, una vez desinflada la burbuja, representó tan solo un 7,5 por ciento. Lo lógico sería que este sector hubiera perdido peso fiscal en proporción a la bajada de las ventas. ¿Qué está ocurriendo?

Sacar más partido al IVA
Con estas cifras sobre la mesa, vemos cómo las causas del desplome de la recaudación por IVA no deben atribuirse exclusivamente al frenazo inmobiliario o a la recesión económica, sino más bien a la evasión fiscal, que se acentúa en época de crisis, y a la falta de eficacia de la Agencia Tributaria en la lucha contra el fraude.

Actualmente, la economía sumergida en España asciende a 245.000 millones de euros anuales, lo que supone el 23,3 por ciento del PIB, es decir, diez puntos porcentuales por encima de nuestros vecinos europeos que se mueven en unas tasas de evasión fiscal en torno al 13 por ciento, con unas cifras de recaudación por IVA más rentables.

Llama la atención observar cómo otros países con tipos de IVA más bajos que los nuestros, como Reino Unido o Luxemburgo, en 2007 aprovechaban de forma más eficiente el consumo privado como materia gravable; incluso países con tipos superiores a los españoles sacaban el doble de provecho a este impuesto. ¿Qué estamos haciendo mal?

¿Con o sin IVA?
Alternativas al alza impositiva y a los recortes sociales
No cabe duda de que antes de aprobar los recortes sociales o subir este tributo, que grava por igual a todos los ciudadanos con independencia de su poder adquisitivo, existirían otras medidas más eficaces para aliviar el déficit público y mejorar la financiación de las administraciones públicas y las prestaciones sociales, sin necesidad de cargar las tintas sobre los colectivos más desfavorecidos o realizar drásticos planes de ajuste.

Entre estas alternativas, destaca por encima de todas la necesidad de luchar de manera eficaz contra la economía sumergida en nuestro país, permitiendo a los técnicos de Hacienda que asuman mayores responsabilidades para reducir el fraude fiscal y mejorar el control del gasto público mediante la creación de un Cuerpo Superior Técnico de Hacienda.

De esta forma, se podría aumentar el rendimiento del IVA y reducir la economía sumergida española hasta niveles de la media europea, lo que permitiría recaudar anualmente unos 38.500 millones de euros adicionales (anualmente se evaden 88.000 millones de euros en impuestos y cuotas de la Seguridad Social defraudadas), que servirían para aliviar el déficit público y el fuerte endeudamiento.

Además de esta medida, nuestra medida estrella, permítanme la licencia, pasa por prohibir las ventas en posiciones cortas contra la Deuda Pública española, ya que provoca un sobrecoste en la financiación del Estado superior a los 1.400 millones de euros, entre otros efectos perniciosos.

Otra opción recaudatoria sería aumentar en cinco puntos el tipo impositivo de 300 entidades bancarias, lo que podría aportar otros 1.400 millones anuales. La recuperación del Impuesto sobre el Patrimonio de las grandes fortunas sería también muy eficaz, ya que afectaría a 47.614 contribuyentes con patrimonios individuales netos superiores a 1,5 millones de euros, los cuales podrían aportar la nada despreciable cifra de 1.240 millones cada año.

Otra solución al elevado déficit de nuestra economía sería la modificación de la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva, para incluir un nuevo requisito que establezca un límite máximo de participación en una Sociedad de Inversión de Capital Variable (SICAV), con el fin de evitar los abusos de patrimonios familiares.

Asimismo, los técnicos de Hacienda defendemos la modificación de las tablas en renta a partir de 100.000 euros netos, de manera que se aumente el tipo marginal dos o tres puntos (del 43 por ciento al 45-46 por ciento) para ingresos anuales netos superiores a estos 100.000 euros. Además, a partir de 300.000 euros se aumentaría del 43 por ciento, que es el tipo máximo actual, al 50 por ciento.

También abogamos por la eliminación de las ventajas del régimen de la renta del ahorro a las ganancias patrimoniales especulativas y de las ventajas de las que gozan los extranjeros residentes con ingresos de hasta 600.000 euros anuales.

Finalmente, los técnicos defendemos la aplicación de nuevos impuestos y tasas medioambientales que graven las emisiones de CO2 de las empresas y particulares, el uso de combustibles fósiles, los residuos contaminantes o el empleo de bolsas de plástico, con importantes deducciones que favorezcan la innovación y la inversión en sistemas productivos más limpios.

Con este conjunto de medidas, estamos convencidos de que se contribuiría a aliviar el fuerte déficit público del Estado sin necesidad de cargar las tintas sobre los colectivos más débiles, como son los 18,5 millones de mileuristas, entre pensionistas, asalariados y autónomos, que son los que verdaderamente pagarán la subida del IVA.

Cómo afectará al consumidor

Los expertos de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) estiman que la subida del IVA supondrá de media un coste de 288,54 euros al año por hogar. Sin embargo, la Confederación Española de Organizaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios (CEACCU) calcula que esta cifra será aún más elevada y sitúa el gasto adicional por el incremento de este tributo en 354 euros anuales. "Cada familia empleará, como mínimo, 30 euros más (sin tener en cuenta probables subidas de precios o tarifas) para llegar a fin de mes comprando lo mismo", aseguran desde CEACCU. Uno de los aspectos más problemáticos será el IVA de los suministros, principalmente los de telefonía o electricidad.



José María Mollinedo
Secretario General de los Técnicos de
Hacienda
(GESTHA)

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