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Viernes, 18 de Enero 2013


Cerca de 30.000 beneficiarios de la Ley de Dependencia habían fallecido


La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, y los consejeros de servicios sociales se reunieron ayer en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia. Los acuerdos adoptados sobre el reparto del nivel mínimo priorizando la prestación de servicios, la exigencia a los cuidadores informales de haber convivido un año con el dependiente, la consideración de la prestación económica vinculada como un servicio o el catálogo de referencia de servicios sociales quedaron relegados a un segundo plano por una impactante y preocupante noticia: las comunidades autónomas recibieron más de 140 millones de euros, entre 2007 y 2011, por cerca de 30.000 dependientes que ya habían fallecido. Así lo desvela el informe que el Tribunal de Cuentas elaboró sobre la aplicación de la Ley de Dependencia.


Cerca de 30.000 beneficiarios de la Ley de Dependencia habían fallecido
Cerca de 30.000 beneficiarios de la Ley de Dependencia habían fallecido
El informe del Tribunal de Cuentas viene a confirmar claros problemas en la gestión de datos del Sistema de Dependencia. De esta manera, entre 2007 y 2011, un total de 29.169 dependientes fallecidos se encontraban incluidos en la aplicación informática del Sistema de Dependencia. El hecho de no haber comunicado su baja, supuso una financiación indebida de 140.348.268 euros.

Si bien se trata de un importe recuperado, y las comunidades autónomas ya lo han abonado al Estado, se desconoce si las familias llegaron a recibir el dinero y tampoco durante cuántos meses, años... Por ejemplo, Andalucía y Castilla y León tenían más de 4.000 beneficiarios fallecidos, Galicia 3.389, País Vasco 3.444, Aragón 2.857 y Madrid 2.647. Mientras, la lista de dependientes esperando su servicio o prestación crecía. A este respecto, la ministra Ana Mato indicó que el informe estaba en proceso de alegaciones y que aún es pronto para depurar responsabilidades entre Estado, comunidades autónomas e Imserso.

Para evitar los desfases en los datos de los beneficiarios de la ley de Dependencia y, por ende, incurrir en una financiación indebida, es necesario analizar el Sistema de Información. Por ello, Ministerio y comunidades autónomas se han dado un plazo de seis meses para dotar al Sistema de Dependencia de datos más homogéneos y fiables, mediante la revisión de su base de datos. Durante este tiempo, analizarán la información existente y sopesarán los procedimientos más adecuados para su actualización.

El plazo de seis meses responde a las quejas de numerosas comunidades autónomas que consideraban excesivos los datos que el Ministerio pretendía solicitar. Por ejemplo, la consejera andaluza definió como una "extralimitación" y una "invasión en el ámbito de la comunidad autónoma" el procedimiento que se pretendía establecer para el reconocimiento del derecho, a través de la documentación que se quiere exigir que acompañe a las solicitudes. A su juicio, "se trata de una regulación forzada que introduce una excesiva burocratización, que sólo aportará dificultad en el acceso de la ciudadanía a las prestaciones y supondrá nuevas trabas en la aplicación de la Ley".

El Consejo Territorial abordó también algunos decretos anunciados en el pasado encuentro de julio. Como siempre, la financiación fue el tema qué más controversia despertó. Más concretamente, la ponderación de los servicios concedidos como criterio de referencia en la distribución de fondos del nivel mínimo. En 2013, los servicios prestados representarán un 10% del total aportado por persona atendida, porcentaje que irá creciendo gradualmente durante los próximos cuatro años hasta alcanzar el 40% (aumentará un 10% cada año).

“El cambio acordado en los criterios de reparto del nivel mínimo de financiación de la Ley de Dependencia es positivo”, asegura la consejera de Trabajo y Bienestar de Galicia, Beatriz Mato. La Xunta prevé recibir del Gobierno central cerca de 80 millones de euros en 2013, “cifra que sería menor de no estar apostando por los servicios”. De la misma opinión es la consejera de Castilla y León, Milagros Marcos, aunque reconoce que le gustaría que ese porcentaje fuera más alto y la progresión más rápida.

Por su parte, la consejera de Bienestar Social y Familia de Cataluña, Neus Munté, afirma que la Generalitat financia la Ley en más del 70%, “mientras que el Estado lo hace en menos del 20% y el resto corresponde al copago de los beneficiarios”. En este sentido, la consejera advirtió que, “aunque nuestra voluntad es seguir atendiendo a las personas, la dimisión del Estado de sus obligaciones lo hace cada día más difícil”.

En la misma línea, la consejera de Salud y Bienestar Social de Andalucía, María Jesús Montero, manifestó que las medidas adoptadas por el Estado han supuesto que Andalucía deje de recibir del Estado por este concepto 89 millones de euros en 2012, “recorte que se verá incrementado hasta los 125 millones de euros en 2013. En dos años, la comunidad andaluza deja de recibir 214 millones de euros”. Asimismo, Montero acusó al Gobierno de intentar "estigmatizar" y "penalizar" la prestación económica por cuidados en el entorno familiar. En este sentido, el proyecto de Real Decreto pretende exigir a los cuidadores informales un año de convivencia previo. Algo que, según varias comunidades autónomas, resultará muy difícil de demostrar y deja fuera a las enfermedades sobrevenidas.

Otro tema que invitó al debate fue el decreto que define los servicios y prestaciones, ya que incluye una modificación en la consideración de los servicios. Hasta ahora, la Ley de Dependencia contemplaba dos prestaciones económicas: la que recibe el cuidador informal y la prestación económica vinculada al servicio. Esta última, pasará a ser considerada un servicio y, probablemente, se materializará como un cheque-servicio con el que el dependiente podrá contratar el servicio o parte de él en el sector privado/concertado de atención a la dependencia. Comunidades como Asturias o Andalucía denuncian que se trata de “una privatización de los servicios” y que, además, se desvirtúa el acceso público a las prestaciones.

Algo que niega con rotundidad Mato, “ya que se trata de dar el mejor servicio al ciudadano”. Además, quedarán recogidas en un mismo decreto las disposiciones que regulaban los servicios y las prestaciones por grado de dependencia, los criterios para determinar las intensidades del catálogo, las cuantías máximas de las prestaciones por grado de dependencia, la regulación de los traslados de beneficiarios entre comunidades, las incompatibilidades, el reintegro de las prestaciones y la protección de los emigrantes retornados.

En cuanto a la prevención de la situación de dependencia, las comunidades autónomas, con la coordinación del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, plantearán Planes de Prevención de la Dependencia con iniciativas específicamente dirigidas a las personas mayores.

Catálogo de Referencia de Servicios Sociales
Otro de los acuerdos alcanzado por el Consejo Territorial fue la configuración de un Catálogo de Referencia de Servicios Sociales. Se trata de una recomendación, no de una norma con rango legal, con la que el Ministerio pretende asegurar que los servicios que se ofrezcan en cada comunidad guarde criterios de calidad y de sostenibilidad.

A este respecto, la consejera gallega considera que este Catálogo "posibilitará disponer de un marco de referencia común para todo el Estado". Su homóloga catalana asegura que es “un nuevo ejemplo de la voluntad homogeneizadora por parte del ejecutivo español” y la consejera andaluza se pregunta "de qué servirá este instrumento, con vocación integradora y solidaria, si la cartera de servicios y prestaciones que recoja difícilmente va a estar operativa por falta de financiación del Estado".

Plan Concertado
El Consejo Territorial estableció, por otra parte, el reparto de los créditos para la ejecución de servicios sociales básicos. En cuanto al Plan Concertado, que permite la financiación de la prestación de servicios sociales comunitarios por parte de los ayuntamientos, el Estado ha asignado para 2013 una financiación de 27,5 millones de euros.

La consejera de Salud y Bienestar Social de Andalucía, María Jesús Montero, denunció que el Gobierno central ha reducido en dos años cerca de un 70% su aportación al Plan Concertado. “En nuestra comunidad, de 17 millones de euros en 2011, desciende a 5,3 millones de euros en 2013, lo que representa una reducción del 68,31% en dos años”, apuntó. Así, la consejera insiste en que el Gobierno deja todo el peso de este instrumento esencial para los servicios sociales de base en la comunidad autónoma, “que es la que sustenta en la actualidad el Plan Concertado, ya que asume el 86% del total”.

Sobre este punto, la consejera de Bienestar Social y Familia de Cataluña, Neus Munté, lamentó que “el Estado siga ajustando su aportación al Plan Concertado. Es inexplicable que el Estado siga recortando en el ámbito de los servicios sociales, más necesarios que nunca”. Mientras en 2011 el presupuesto del Estado en esta partida fue de cerca de 12 millones de euros, “en 2012 se redujo a 6,7 millones de euros y en 2013 a 3,4 millones”.

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