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Miércoles, 29 de Febrero 2012


Castilla y León fija mediante decreto los precios públicos por día para cada uno de los servicios



Castilla y León fija mediante decreto los precios públicos por día para cada uno de los servicios
Las personas mayores, con discapacidad o en situación de dependencia que soliciten desde mañana 1 de marzo una de las 18.048 plazas en una residencia, en un centro de día o en un servicio de estancia nocturna, ya sea público o concertado dependiente de la Junta de Castilla y León, accederán bajo un criterio unificado. Así lo establece el Decreto de Precios Públicos en Servicios Sociales, que tiene efectos para las nuevas solicitudes desde este jueves.
 
Esta nueva normativa fija un precio público por día para cada uno de los servicios, lo que supone un “cambio radical en el modelo asistencial de Castilla y León”, tal y como ha resaltado hoy la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, c, en su comparecencia a petición propia ante la Comisión de Familia de las Cortes regionales.
 
El decreto unifica y homogeneiza el cálculo de la capacidad económica del usuario. Sólo computará la renta y el patrimonio personal del solicitante, y no del núcleo familiar. Para establecer cuál será su participación en el coste del servicio, la Consejería aplicará una única fórmula matemática progresiva, lo que beneficiará a las personas con rentas más bajas. Su aportación no será, por tanto, lineal como hasta ahora, sino que pagará en función de su capacidad económica.
 
Es decir, “cada persona aportará en función de sus posibilidades económicas”, ha recalcado la consejera, quien ha advertido, eso sí, de que ningún castellanoleonés pagará más del 90% de su capacidad económica personal, ni más del 90% del precio de referencia para el coste del servicio.
 
Quien carezca de patrimonio computable no generará deuda. Hasta el momento, el usuario pagaba el 75% de su renta, independientemente de sus ingresos, y el resto, hasta el 100%, se computaba como deuda que se cobraba cuando la persona había fallecido. Con la entrada en vigor del decreto, sólo generarán deuda aquellos que, teniendo patrimonio, así lo deseen.
 
Además, la aportación del usuario, en lugar de ser una cantidad fija, será proporcional al número de días de servicio, a la intensidad, a la cobertura y al tipo de plaza, y dispondrá de una cuantía superior y variable para sus “gastos de bolsillo”, en función de sus necesidades y su autonomía personal.
 
Estos cambios, que han sido consensuados, conllevarán un mayor control, eficacia y agilidad a la Administración y se logrará una mayor eficacia al establecer un proceso centralizado y con idénticos criterios en todo el territorio, unificando la gestión de acceso a las plazas. Además, será más ágil porque se simplifica y automatiza la gestión de cálculos de capacidad económica, de forma idéntica a como se hace con el resto de las prestaciones de dependencia.

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