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Miércoles, 21 de Febrero 2018


Aragón, Asturias, Castilla y León y Galicia se unen para negociar la financiación



De izquierda a derecha: los presidentes autonómicos Javier Fernández (Asturias), Juan Vicente Herrera (Castilla y León), Alberto Núñez Feijóo (Galicia) y Javier Lambán (Aragón).
De izquierda a derecha: los presidentes autonómicos Javier Fernández (Asturias), Juan Vicente Herrera (Castilla y León), Alberto Núñez Feijóo (Galicia) y Javier Lambán (Aragón).
Las comunidades autónomas de Aragón, Asturias, Castilla y León y Galicia representan a 7,5 millones de habitantes y el 36 % del territorio nacional.

Las cuatro comparten intereses comunes, fruto de sus características socioeconómicas, de su relación de vecindad y de vínculos históricos que les han permitido desarrollar fórmulas de colaboración, pero también problemáticas comunes como la despoblación o la dispersión de sus respectivos territorios, así como una financiación injusta. Además, tres de ellas también comparten inquietudes por el futuro de las centrales térmicas del carbón en sus territorios.

Por ello, sus presidentes se han reunido en la ciudad de León para firmar dos declaraciones que plasmen estas realidades y sus propuestas.

Las cuatro comunidades autónomas han exigido al Gobierno central que afronte este mismo año el nuevo modelo de financiación autonómica porque es "prioritario y urgente", máxime teniendo en cuenta la proximidad de fechas electorales. El objeto del modelo es garantizar el acceso a los servicios en condiciones de igualdad para todos los ciudadanos independientemente de donde vivan.

Para ello, el nuevo modelo debe partir de las necesidades reales y el coste efectivo de los servicios allá donde se prestan y que debe tener en cuenta variables como la orografía, la baja densidad demográfica, el envejecimiento de la población y otros muchos. La evaluación del coste efectivo debe hacerse, fundamentalmente, sobre la educación, los servicios sociales y la sanidad. Esta última supone más del 40 % del gasto y contempla diferentes grupos de edad, como los mayores de 65 años, que son más numerosos en algunos territorios.

Como ejemplo, Aragón. Según los cálculos del Servicio Aragonés de Salud, el envejecimiento de la población aragonesa supone un sobrecoste del 10,23 % en el gasto farmacéutico por persona en relación con el nacional. El envejecimiento de la población en Aragón es más acusado que en otras comunidades. Así, si las personas con 65 años o más en España son el 18,6 % de la población, en Aragón suponen el 21 % y acaparan el 66 % del gasto farmacéutico.

Por todo ello, han reclamado al Gobierno central la presentación de los trabajos de la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico, cuya elaboración y desarrollo fue uno de los acuerdos de la última reunión de la Conferencia de Presidentes.

Precisamente, las cuatro comunidades han incluido como una de las soluciones para frenar los procesos de despoblación el impulso de una Estrategia de Cooperación Territorial contra la Brecha Digital que abarque las medidas que permitan alcanzar los objetivos europeos de banda ancha ultrarrápida (cobertura de más de 30Mbps para el 100 % de la población). Ello contribuiría al sostenimiento de población en numerosos municipios de la "España vacía".

En este marco, transmiten al Gobierno de España la necesidad perentoria de defender como prioritaria la definición del nuevo modelo de financiación autonómica, cuestión que debe abordarse de forma inmediata para, de este modo, poder garantizar la prestación de los servicios fundamentales por parte de las comunidades autónomas.

Igualmente, lo instan a continuar y avanzar en sus trabajos en una propuesta de modelo que debe ser objeto de un consenso multilateral en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, en el cual se tengan en cuenta las particularidades, necesidades y posiciones de todas las Administraciones afectadas.

Desde la invocación del principio de lealtad institucional y de solidaridad territorial, las cuatro comunidades reunidas plantean un debate no partidista, sino efectivo y relista de los problemas, contemplados como cuestiones de Estado.

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