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Lunes, 21 de Febrero 2011


Administración y empresarios del sector de mayores se unen para mejorar la calidad de la atención


Grupo Senda organizó, el pasado viernes, un nuevo Consejo Editorial con la participación de la secretaria general de Política Social, Isabel Martínez. El futuro Libro Blanco del Envejecimiento Activo y el desarrollo de la Ley de Dependencia fueron los ejes centrales de su discurso, en el que destacó la importancia de las empresas que se dedican al cuidado de las personas mayores y atención a la dependencia, a quienes tendió la mano para hacer una valoración “rigurosa” de la aplicación de la Ley en este tiempo, con el fin de orientar las políticas públicas y la iniciativa privada de los próximos años. Los profesionales del sector y representantes de asociaciones y universidades de mayores presentes en la reunión, recogieron el guante y acordaron trabajar juntos para mejorar la calidad de vida de las personas mayores y fomentar el envejecimiento activo. Al encuentro asistieron también la directora general del Imserso, Purificación Causapié, y el subdirector general de Planificación, Ordenación y Evaluación, Antonio Balbontín.


Administración y empresarios del sector de mayores se unen para mejorar la calidad de la atención
Encuentros como el Consejo Editorial del Grupo Senda permiten reunir en un mismo foro a los máximos empresarios del sector de atención a la dependencia y también a los representantes del movimiento asociativo y de las universidades de mayores. La directora del Grupo Senda, Matilde Pelegrí, afirmó que el reto para 2011 es seguir siendo no solo una fuente de información, sino un punto de encuentro para los profesionales. “Este año, además de mantener las jornadas Un lugar para vivir, continuaremos colaborando en distintos congresos y encuentros y organizaremos los Foros Senda que, en su primera edición, contarán con el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado. Asimismo, entraremos en los medios de comunicación audiovisuales, con proyectos en radio y televisión”, aseguró Pelegrí.
 
La secretaria general de Política Social, Isabel Martínez, inició su intervención destacando la importancia de las empresas que se dedican al cuidado de las personas mayores y atención a la dependencia, “un sector que es clave en la política de servicios sociales y en la gestión de los recursos”. En este sentido, Martínez se mostró optimista: “Tenemos una planificación bastante clara de cuál es el horizonte para salir de esta crisis. Y, concretamente, quiero aprovechar esta reunión para analizar las posibles incertidumbres que en el sector pueda haber, porque si hay un colectivo social por el que nos preocupamos especialmente es el de los mayores”.
 
Respecto a la planificación del Gobierno para este año, la secretaria general destacó que los recortes en el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad no han afectado al capítulo de las políticas públicas. Asimismo, añadió que “el presupuesto destinado a la Ley de Dependencia tiene la previsión de cumplir todos los compromisos que implica la entrada en vigor del Grado I Nivel 2 de dependencia moderada. Esto responde no solo a la voluntad del Gobierno de seguir poniendo la política social en el centro de la agenda política, sino también de entender que en nuestro modelo de crecimiento la política social es uno de los pilares clave de creación de empleo y de salida de la crisis”.
 
“Podríamos haber optado por paralizar la norma en el Grado II y dejar el Grado I de dependencia moderada para el siguiente ejercicio, pero comunidades autónomas y Gobierno decidimos por unanimidad que teníamos que seguir desarrollando la Ley en los términos y en los plazos en los que estaba previsto el desarrollo de los grados y niveles”, afirmó Martínez. Desde enero han sido valoradas alrededor de 150.000 personas dependientes con Grado I Nivel 2, que irán incorporándose progresivamente al Sistema.
 
En opinión de la secretaria general de Política Social, “es una Ley a la que le estamos exigiendo mucho en poco tiempo, más de lo que le exigimos al Sistema Nacional de Salud o a otros modelos que llevan más de 20 años. No podemos pretender que en cuatro años esté ya funcionando al 100%. Todavía quedan personas sin atender y que tienen derecho, pero también 680.000 dependientes tienen hoy reconocida una prestación o servicio. Creo que esta Ley ha tenido la “mala suerte” de nacer en un momento óptimo de previsión presupuestaría, pero que ha empezado el desarrollo más importante en plena crisis económica”.

Administración y empresarios del sector de mayores se unen para mejorar la calidad de la atención
Según los datos facilitados por el Ministerio, el Sistema está atendiendo ya a más del 70% de las personas que tienen derecho reconocido, “aunque evidentemente tenemos que llegar al 100% en el menor tiempo posible. Pero, para ello, todos tenemos que hacer un esfuerzo. La mirada hacia esta Ley no tiene que estar puesta en el impacto económico que supone en los presupuestos públicos, sino en la oportunidad que significa para esa reorientación de nuestro modelo productivo y esa necesidad de creación de empleo. Más allá de que, evidentemente, hay que invertir más recursos”.
 
Asimismo, anunció que una de las prioridades en la nueva agenda social reactivadora del Gobierno de cara al último tramo de la legislatura es “dejar la Ley de Dependencia todo lo más fortalecida que podamos y eso significa abordar una evaluación que tenemos que hacer entre todos, Administración Pública y empresarios. De esta forma, durante este año tenemos previsto mantener diferentes encuentros y foros formales e informales de debate para hacer una valoración rigurosa de la Ley, que nos sirva para mejorar el Sistema y el modelo de cara a los próximos años”.
 
La secretaria general de Política Social también transmitió a los asistentes que “queremos intensificar el debate del Libro Blanco del Envejecimiento Activo. Para ello, y de cara al Año europeo del Envejecimiento Activo, en 2012, el Imserso ha planificado una serie de jornadas técnicas sobre diferentes aspectos de la vida de los mayores. Además, estamos organizando un congreso, con el fin de lanzar algunas propuestas concretas que nos sirvan para orientar las políticas públicas dirigidas a mayores y la iniciativa privada. Las demandas de hoy no tienen nada que ver con las de hace ocho años. En la actualidad, los mayores quieren decidir su propio autocuidado, dónde viven, cómo, quiénes quieren que les cuiden, etc.”.
 
Los profesionales opinan
El presidente de la Sociedad Española de Médicos de Residencia (Semer), Alberto López Rocha, reivindicó su participación en la elaboración del Libro Blanco del Envejecimiento Activo. En cuanto a la aplicación de la Ley de Dependencia, afirmó que esta tiene una agenda y unos tiempos marcados, que están exigiendo la sociedad y los profesionales. “Si el enunciado de la Ley empieza por promoción de la autonomía personal y en su contenido destaca la profesionalización de la atención, me pregunto qué está trasmitiendo el Ministerio a las comunidades autónomas, porque cada una está desarrollando la norma de una manera diferente. Como consecuencia, se han creado 17 leyes completamente distintas”, aseveró López Rocha.
 
Por su parte, el director general de Personalia, Pablo Martín Calderón, incidió en la cobertura: “Asistimos a una competición entre comunidades para ver quién atiende a más personas, pero corremos el riesgo de dejar a un lado lo realmente importante, las modalidades de la atención. La Ley facilita un pequeño listado de servicios, pero no hay un esfuerzo de diferenciar de forma graduada esa atención en relación a la valoración de la dependencia. Así, es difícil hacer previsiones, presupuestos y delimitar las competencias”. Asimismo, expuso que los operadores se encuentran ajenos a la aplicación de la Ley de Dependencia, cuando disponen de unos equipos interdisciplinares con una experiencia que resultaría muy útil. “Somos quienes mejor conocemos a los mayores, porque convivimos con ellos”, declaró.

Administración y empresarios del sector de mayores se unen para mejorar la calidad de la atención
A continuación, el director general de Edad&Vida, Albert Vergés, habló de la coordinación sociosanitaria como un elemento clave, “porque el 25% de enfermos crónicos que están ocupando camas de agudos podrían estar atendidos en el módulo sanitario de nuestros centros, lo que supondría un coste menor y descargaría al Sistema Nacional de Salud”. Ahondando en la falta de financiación, Vergés indicó que, al igual que se habla de derechos, “también debe hacerse de los deberes de los ciudadanos. Para dotar al Sistema de viabilidad, debe entrar en juego el copago”. Además, lamentó que una Ley que aborda en sus principios la calidad, profesionalización y prestación de servicios, “se haya convertido en un Sistema donde priman las prestaciones económicas, corriendo el riesgo de convertirse en una ley de subsidios”.
 
La secretaria general de Aeste, Alicia Azaña, profundizó en la importancia de mejorar la imagen que tienen las personas mayores de la Ley y trasmitir la necesidad de contribuir con el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia en beneficio de su propia sostenibilidad. En cuanto al Libro Blanco del Envejecimiento Activo, aseguró que este ofrece una radiografía muy general: “Habla de economía, pero no de reforma de las pensiones y tampoco prevé determinadas situaciones como los productos de ahorro o seguros de dependencia. También dice que los mayores prefieren estar en su entorno y que hay que promocionar los servicios profesionales, algo que choca con la realidad”. En este punto, propuso que el Estado fije en un porcentaje máximo del 15% el dinero que puede destinarse a las prestaciones económicas.
 
Mientras, el consejero delegado del Grupo Sergesa, Aquilino Miralles, reconoció que, aunque augura un magnífico futuro, “el presente es crítico. Este sector tenía unas expectativas tremendas y, sin embargo, nunca ha pasado por un momento tan malo como el actual, con un altísimo índice de plazas vacías. Para rentabilizar la inversión, necesitamos una ocupación del 90%”. En este sentido, cuestionó si el incremento de los cuidadores no profesionales se debe al interés de la Administración en ahorrar costes y si la familia piensa realmente en el bienestar del dependiente o en sus intereses económicos. “La Ley debe ser revisada e insistir en la necesidad de la categorización del grado asistencial en función de la valoración de los dependientes”, afirmó Miralles.
 
El presidente de Aerte, Alberto Giménez, insistió en que la Ley tiene que dotarse de presupuesto. Y, aunque parezca contradictorio, en su opinión, la crisis juega a favor del sector: “Nuestros retornos son superiores al gasto y no incrementamos el déficit público. No existe un solo sector que pueda cumplir estos requisitos de la economía. Por tanto, incrementar el presupuesto para dependencia no debería ser un obstáculo para Hacienda”. Esta reflexión es importante, sobre todo, porque también se beneficiaría el sistema sanitario: “No es tanto la reducción en los costes que produciríamos como el ahorro, si potenciamos los servicios de atención a la dependencia. Pero la financiación no puede ser por grado y nivel de dependencia y la figura del cuidador informal debe limitarse sólo a las dependencias leves”, indicó Giménez.

Administración y empresarios del sector de mayores se unen para mejorar la calidad de la atención
Finalmente, la directora general de Vitalia, Catalina Hoffmann, manifestó la necesidad de una colaboración real entre los sectores público y privado. “Si no hay empresas que inviertan en el sector no habrá futuro, ya que generamos recursos económicos, puestos de trabajo e incentivamos que la recesión económica pueda cambiar”, expuso. Por último, afirmó que el sector cuenta con muy buenos profesionales que podrían aportar su experiencia y conocimiento: “Podríamos trabajar muy bien en equipo, tanto para elaborar el Libro Blanco del Envejecimiento Activo como para ayudar a realizar las valoraciones de dependencia. El problema es que la Administración no es consciente de los recursos asistenciales de calidad que tiene este país”.
 
La secretaria general de Política Social concluyó el Consejo Editorial con una serie de consideraciones relacionadas con las intervenciones de los profesionales del sector y el debate generado. En primer lugar, ante las críticas de la existencia de 17 leyes de dependencia diferentes, aseguró que “homogeneizar es muy complicado. La Ley de Dependencia garantiza un servicio básico, pero no tenemos competencia para decidir sobre temas sanitarios ni asistenciales”. Para coordinar acciones, recordó que está el Consejo Territorial. Aunque los acuerdos allí adoptados son aplicados por las comunidades en sus respectivos territorios “y no podemos intervenir y tampoco tenemos capacidad sancionadora. Lo que sí hacemos es incentivar con más financiación a quienes más se acercan a lo acordado”.

Por otro lado, recoció que, efectivamente, hay que trabajar más en la colaboración público-privada y avanzar en la promoción de la autonomía personal. “En tres años no se puede hacer más de lo que hemos hecho. Estamos cumpliendo razonablemente bien los tiempos que la Ley marca”, reconoció la secretaria general. Asimismo, habló de efectos no deseados que hay que ir corrigiendo: “Es el momento perfecto para evaluar de una manera rigurosa qué modelo hay que incentivar. La ventaja que tenemos es que no se trata de una Ley de derechos universales gratuitos, sino que ha nacido con un sistema de copago incorporado que tenemos que aplicar. No siempre es fácil para las Administraciones llevar a cabo determinadas actuaciones”.
 
Martínez también compartió con los profesionales del sector su preocupación por el incremento de los cuidadores informales y las expectativas desarrolladas por el sector. La secretaria general aseguró que el incremento de plazas ha subido notablemente y los datos en relación a la creación de empleo son positivos. Finalmente, agradeció las aportaciones de todos los presentes y les emplazó a próximos debates sobre la elaboración del Libro Blanco del Envejecimiento Activo o el análisis de la aplicación de la Ley de Dependencia. “Tenemos que ser muy rigurosos, positivos y proactivos en la reorientación del modelo”, clausuró.

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