Desde que el pasado 29 de enero el Gobierno anunciara su propuesta de reforma de las pensiones, que contempla retrasar la edad legal de jubilación desde los 65 a los 67 años y ampliar el periodo de cotización para el cálculo de la pensión, entre otras medidas, las voces en contra no se han hecho esperar. Según el Ejecutivo, esta estrategia persigue hacer frente al paulatino envejecimiento de la población española. Y es que en el año 2049 los mayores de 64 años serán el 31,9 por ciento de la población total, y lo que es más grave, la tasa de dependencia se elevará hasta el 89,6 por ciento, desde el 47,8 actual.
