En este sentido, en su opinión, la Ley de Dependencia no ha previsto una regulación previa y un tiempo de adaptación suficiente “que, desde Servicios Sociales, nos hubiera permitido comprobar si realmente era posible desarrollar la normativa en cuanto a estructura y presupuesto”. De ahí todas las dificultades que las comunidades autónomas se han encontrado para su aplicación y que Castilla y León está superando con éxito.

¿Qué presupuesto contempla la Gerencia de Servicios Sociales en 2010 para atender a las personas mayores, tanto en las áreas de envejecimiento activo como en atención a la dependencia?
La Gerencia de Servicios Sociales tiene un presupuesto de 742 millones de euros, del que el 60 por ciento, aproximadamente, está destinado a la atención a las personas mayores. Concretamente, el Programa de Atención a Mayores cuenta con 220 millones de euros, a los que hay que sumar más de 100 millones de euros destinados a las corporaciones locales para financiar los servicios sociales básicos.

¿Qué proyectos relacionados con la atención a las personas mayores y/o dependientes se plantea a corto y medio plazo?
La integración de la aplicación de la Ley de Dependencia en los Servicios Sociales de Castilla y León, mediante la unificación de los criterios de acceso a todos los servicios y prestaciones de la comunidad, es nuestra principal prioridad. Para ello, estamos diseñando un modelo único de solicitud, con unos criterios homogéneos de valoración y del cálculo de la capacidad económica, entre otras cuestiones, con independencia de quién sea el prestador del servicio. Hay personas que son dependientes y otras que no, pero no por ello tiene que haber dos vías; sino que desde la Administración debemos valorar a la persona que tiene una necesidad social. Como consecuencia, habrá personas que estén atendidas por los servicios sociales aunque no sean dependientes ni lo vayan a ser nunca. De esta manera, el usuario verá simplificado y agilizado todo el proceso y tendrá la garantía de que va a disponer del servicio que necesite en cada momento.

En cuanto a la atención, estamos trabajando en un mapa de servicios Sociales. Castilla y León tiene más del 7 por ciento de cobertura de plazas residenciales pero, a pesar de ello, hay zonas donde la cobertura está por debajo del 5 por ciento, el mínimo que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS). Por eso, hicimos un estudio de planificación y ahora estamos trabajando para que en 2015 ningún área tenga una cobertura inferior al 5 por ciento.

Promoción del envejecimiento activo

¿Qué programas se desarrollan desde la Gerencia para promover la autonomía personal y el envejecimiento activo?
Organizamos interesantes actividades, coordinados con las corporaciones locales y la Federación de Jubilados y Pensionistas. La Federación, con cerca de 1.500 asociaciones y más de 300.000 socios, es la más grande de España y está financiada con casi tres millones de euros, presupuesto con el que desarrolla el programa Cosas de mayores, que acerca al medio rural actividades como: entrenamiento de la memoria, ejercicio físico, informática, pintura, charlas, etc. También llevamos actividades culturales al entorno rural a través de las diputaciones, que cuentan con una convocatoria pública de subvenciones de más de 300.000 euros.

Asimismo, desarrollamos interesantes programas en nuestros centros de día: prevención de la dependencia, asesoramiento jurídico, apoyo psicológico, etc. Por su parte, el Club de los 60, mediante el que los mayores obtienen interesantes beneficios, es una iniciativa que actualmente reúne a 196.604 socios. Sin olvidar la guía que hemos elaborado para la detección del maltrato en personas mayores, en colaboración con los profesionales de enfermería, medicina y trabajadores sociales.

¿Qué opina del incremento de alumnos matriculados en la Universidad de la Experiencia?
El éxito de la Universidad de la Experiencia, con 4.202 alumnos repartidos en 28 sedes, responde a que capacita la memoria, ayuda a la socialización de los mayores y les ofrece la posibilidad de adquirir nuevos conocimientos. Además del curso académico, los estudios de postgrado y seminarios a los que pueden acceder, los mayores se organizan para el coro, teatro, visitas culturales, etc.

Por otra parte, el año pasado implantamos también el programa de intercambio entre universidades nacionales e internacionales, que está funcionando muy bien.

Por último, destacar que el programa de intercambios intergeneracionales está obteniendo excelentes resultados, porque los alumnos comprueban que los mayores son personas que tienen mucho que aportar y éstos se muestran muy participativos al sentirse útiles. La deuda pendiente es que los hombres se impliquen más.

Aplicación de la Ley
de Dependencia

¿En qué situación se encuentra actualmente la aplicación de la Ley de Dependencia en Castilla y León?
La Ley de Dependencia es una normativa muy compleja que requería un proceso de adaptación, porque la tramitación con la que cargamos las comunidades autónomas de un día para otro, sin tener preparada la estructura, ha sido realmente tediosa. Además, se ha transmitido erróneamente que la Ley, principalmente, es para financiar con dinero a las personas y no para servicios, cuando realmente la prestación económica es la excepcióin.

Pero hemos trabajado duro y las cifras hablan por sí solas. De hecho, hay comunidades que han venido a ver nuestro modelo, porque hemos logrado unificar la resolución de grado y nivel, el PIA y la concesión de la prestación. Es decir, si el usuario ha escogido en la solicitud la prestación y los informes sociales concluyen que tiene derecho a ella, el dependiente recibe la resolución con el servicio concedido. Desde que llega la solicitud hasta que el usuario tiene en sus manos el PIA pasan, aproximadamente, entre 6 y 8 meses. Lo que tiene más mérito aún si tenemos en cuenta la dispersión geográfica de Castilla y León. Nuestro próximo reto es comenzar con las revisiones y organizar el seguimiento de las prestaciones de cuidados en el entorno familiar.

Red de servicios sociales

Centros residenciales: 633 centros con 40.392 plazas
• Gestión pública: 155 centros (20 propios y 135 concertados), con 7.509 plazas (3.509 propias y 4.000 concertadas).
• Entidades sin ánimo de lucro: 122 centros y 10.433 plazas
• Empresas privadas: 252 centros y 16.217 plazas
• Gestionadas por otras administraciones públicas: 105 centros y 6.233 plazas

Estancias diurnas: 171 centros de día con 3.751 plazas

Ayuda a domicilio: 28.277 beneficiarios

Teleasistencia: 23.446 usuarios

¿Cree que la financiación de la Ley de Dependencia es suficiente?
La Ley de Presupuestos de Castilla y León prevé destinar a dependencia 486 millones de euros, pero el Estado tan sólo va a ingresar 96 millones. ¿Qué pasa con los otros 390 millones?
La Administración central da entre un 16 y un 17 por ciento del coste de las prestaciones de la Ley de Dependencia y el resto, más del 80 por ciento, lo soportamos entre las comunidades autónomas y los ciudadanos. Pero el usuario, por lo menos en Castilla y León, tan sólo puede aportar entre el 10 y el 12 por ciento. Como consecuencia, las comunidades autónomas están financiando más del 70 por ciento de la Ley, motivo por el que la mayoría de las administraciones regionales están concediendo los servicios más baratos como, por ejemplo, la prestación al cuidador familiar.

Pero, además, para evitar la dependencia debemos invertir en prevención. El problema es que los programas de autonomía personal, las ayudas para la accesibilidad de las viviendas, las campañas de envejecimiento activo... están al margen de la financiación de la Ley. Otro gasto más para las comunidades.

¿Qué opina de la concesión de las ayudas para el cuidador familiar?
La crisis ha hecho que las familias vieran en la figura del cuidador informal una oportunidad económica, porque saben que van a recibir 400 euros. A nadie se le pasa por la cabeza que Educación dé a elegir entre llevar los niños al colegio o que sus padres los eduquen en casa por 400 euros al mes. Si realmente las familias buscan que el mayor permanezca en el domicilio, podrán optar por la ayuda a domicilio. El cuidador familiar debería ser el último recurso al que acudir, cuando no fuera posible ofrecer otro servicio o prestación. Sobre todo porque el 60 por ciento de los cuidadores informales no cotizan a la Seguridad Social, lo que quiere decir dos cosas: que son mayores de 65 años y tienen pensión (muchos de ellos son dependientes también) o están trabajando. Pero si están trabajando, ¿de dónde sacan el tiempo para atender al mayor?
Por otra parte, las comunidades autónomas recibimos lo mismo por conceder la ayuda al cuidador familiar que por adjudicar una plaza residencial, que cuesta 2.000 euros. Y como la crisis también afecta a las arcas públicas, muchas comunidades optan por el cuidador familiar. Si a ello sumamos que no existe un elemento jurídico que nos permita no conceder estas prestaciones, poco podemos hacer desde la Administración regional.

¿Cómo solucionarlo?
Actualmente, estamos trabajando con el IMSERSO en un acuerdo que regulará las características que tiene que tener un cuidador y su correspondiente formación. Si no podemos evitar el incremento de los cuidadores informales, al menos, intentaremos que los mayores estén lo mejor atendidos posible. Llevamos formadas a más de 1.000 personas, en colaboración con las corporaciones locales, en dos aspectos fundamentales: el autocuidado del propio cuidador (cómo enfrentarse al estrés o la tensión) y el conocimiento de otros recursos que tiene a su disposición (nociones básicas de movilidad, a quién puede llamar para solicitar ayuda especializada y otros recursos asistenciales como, por ejemplo, ayuda a domicilio).

En este sentido, debemos evitar que los familiares saquen al mayor de la residencia donde ya está recibiendo un servicio profesional acorde a sus necesidades. Lamentablemente, las empresas privadas denuncian el aumento de las plazas vacantes. Pero, ¿cómo puede ser que cada vez haya más dependientes y, sin embargo, el principal servicio que atiende a grandes dependientes es el que tiene más recursos vacantes?

Acreditación de Calidad

“Estamos trabajando con ACALERTE y LARES, las patronales privadas con y sin ánimo de lucro, respectivamente, en la nueva normativa de autorización de centros y servicios para adaptarnos a las exigencias de la Ley de Dependencia. No obstante, partimos de una situación privilegiada porque nuestra normativa actual es muy exigente y apenas nos costará adaptarnos a la que establezca la Ley de Dependencia”, asegura la gerente de Servicios Sociales.