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Lunes, 2 de Octubre 2017


Protección al consumidor



Amparo tiene 70 años y vive en Sevilla. Siempre ha gozado de buena salud y ha disfrutado intensamente de la vida en plenas facultades. A pesar de vivir sola, nunca ha tenido problemas para desenvolverse tanto en casa como en la calle. Sin embargo, últimamente nota que empieza a tener dificultades para desempeñar algunas tareas o para realizar ciertos trámites que antes le resultaban sencillos. 

Ayer mismo acudió al supermercado a hacer unas compras, y aunque no necesitó ayuda, la experiencia le resultó más complicada que otras veces. Durante el recorrido tuvo que superar algunos obstáculos de los que antes no se había percatado con tanta claridad. Al coger los yogures, Amparo no pudo ver la fecha de caducidad que indicaba la etiqueta; al elegir la carne envasada, no pudo comparar el precio por kilo porque no se indicaba de forma correcta, y al llegar a la caja, le costó comprobar si había habido algún error en el tique de la compra. 

La situación que vivió Amparo en el supermercado la vivimos la mayoría de los consumidores habitualmente. Muchas etiquetas resultan engañosas, el tamaño de la letra es demasiado pequeño, incluso para el que tiene una vista envidiable, y a veces nos ofrecen productos a precios que parecen una ganga, pero que realmente no lo son. 

Todos necesitamos una protección especial y unas normas que nos defiendan como consumidores frente a los abusos que, a pesar de todo, se siguen produciendo cada día. Sin embargo, dentro del conjunto de los consumidores, hay algunos que, por razones de edad, formación o socioeconómicas, no tienen las mismas capacidades que el consumidor medio. Son los llamados consumidores vulnerables. Y Amparo es uno de ellos. 

En OCU creemos que el reconocimiento de un nivel especial de protección para estos consumidores vulnerables supone un avance importante en la protección de sus derechos. Además, creemos que los mayores, especialmente, es uno de los grupos que más necesitan de una protección especial. En España, el 18,4 % de los habitantes tiene más de 65 años. Más de ocho millones de consumidores que integran un colectivo muy variado, con circunstancias diversas, pero con unos hábitos y necesidades distintos a los de los consumidores más jóvenes.

Sabemos que no todos los mayores están condicionados por su edad pero, en muchas ocasiones, el estado de salud, el desfase generacional o el nivel sociocultural influyen en su capacidad para desenvolverse como consumidores. Unas condiciones que hacen que se puedan encontrar en una situación de inferioridad respecto al consumidor medio, como le ha ocurrido a Amparo en el supermercado. 

Esta vulnerabilidad hace que, en ocasiones, las personas mayores sean, además, víctima fácil de engaños y abusos, no sólo en el supermercado, sino también en otros asuntos más relevantes como la contratación de servicios, en asuntos financieros o en cuestiones relacionadas con la salud. Todos recordamos casos como el del fraude de las preferentes o el de Afinsa Fórum Filatélico, o sabemos de alguien al que han intentado engañar a través de un comercial que llama a la puerta de casa sin avisar para ofrecer una oferta falsa. Son sólo algunos ejemplos, pero existen otros muchos que, aunque menos mediáticos, son igualmente frecuentes y perjudican gravemente, sobre todo, a los consumidores mayores.

Por Ileana Izverniceanu


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